Uno de los problemas más acuciantes en la docencia universitaria es la inestabilidad laboral crónica. Mientras haya grupos de interinos, adscriptos, y docentes cuya continuidad en el trabajo pueda depender del arbitrio de las autoridades, habrá clientelismo político en el gobierno universitario y se debilitarán las luchas por las necesidades comunes del sector.
La inestabilidad endémica permite la reproducción de los grupos dirigentes y la sumisión de la política universitaria a imposiciones externas.
Los profesores bajo eterna amenaza de despido, difícilmente puedan resistir a los modelos mercantilistas que empezaron en los '90 y que no han sufrido cambios significativos hasta la fecha.
Los gobiernos universitarios, cuya elección se basa preponderantemente en el voto de docentes ordinarios o regulares, disponen de herramientas para conformar una clientela política. Rectores, decanos, consejos, pueden favorecer la regularización de quienes les resulten afines políticamente, y disponen de un mecanismo periódico para intentar deshacerse de opositores, indóciles o simplemente molestos.
De allí que los rectores -en conjunto- esgriman la Autonomía Universitaria para mantener las antojadizas relaciones laborales que conciernen a los docentes, pero no la recuerdan para defender los planes de estudio frente a las pautas de CONEAU.
Por esto, es fundamental la lucha por una carrera docente que asegure la
estabilidad, que incluya
evaluaciones razonables (no puede ser que un docente no sepa exactamente en qué va a ser evaluado, como ocurre con el régimen de permanencia vigente en la UNSa) y ofrezca
perspectivas sensatas de ascenso.
Las autoridades actuales han promovido excepciones a la reglamentación de incompatibilidad (permitiendo que un docente acumule hasta 70 horas en diferentes cargos y sedes), desconociendo al mismo tiempo derechos laborales (resolución 320, amenazas de no renovar cargos interinos). Por otra parte, en varias oportunidades se propuso desde el rectorado y algunos decanatos legislar impidiendo las modificaciones de dedicación, salvo que se realicen por concurso.
Esas iniciativas muestran el
modelo de docente que promueven:
muchos cargos,
mucha carga docente,
imposibilidad de acceso a dedicaciones exclusivas. De esa forma se consolidan clientes políticos y se conforma un “enseñadero” de profesores flexibilizados.
En el ámbito de los IEM se presenta un problema similar; el régimen de permanencia vigente necesita revisión, incluso en aspectos prácticos como la excesiva documentación que requiere.
En otras universidades se han conformado sistemas de titularización para este sector.
Así, una tarea fundamental para el próximo período será el de conformar paritarias locales para definir derechos y obligaciones y adoptar los capítulos ya acordados a nivel nacional en el marco de la negociación por el Convenio Colectivo de Trabajo